Universidad pública y gratuita
El actual gobierno nacional, en su infeliz utopía de devolvernos a un pasado donde muy pocos eran felices, se las ha tomado con el financiamiento público de las Universidades Nacionales, bajo el pretexto de que son centros de adoctrinamiento político y otras vulgaridades, dignas de un pensamiento propio de dictaduras intolerantes a las diversidades que toda universidad -desde hace siglos- crea y genera. Pero sobre todo implica ser ignorantes de cuánto las Universidades Nacionales, públicas y gratuitas hicieron y siguen haciendo por la grandeza y el prestigio del país, por la movilidad social que la educación pública ha generado desde sus claustros para honor del pueblo de la Nación Argentina en todos los campos del saber, inclusive en la debida formación intelectual de nuestros gobernantes, cosa no siempre a la vista.
Preocupado y envizcado tozudamente con el falso y mentiroso déficit económico cero, el gobierno nacional olvida el déficit moral que medidas de ese tenor traen hoy y nos traerán a futuro; olvida el déficit intelectual que conlleva arremeter contra la ciencia y la cultura de un país; olvida el déficit histórico, que significa negar de un plumazo autoritario el único motor de movilidad social que les queda -en medio de tantas privaciones- a millones de familias argentinas que han tenido en la Universidad Pública y gratuita la única posibilidad de desarrollo y crecimiento de sus hijos, y sobretodo olvida que sólo dictaduras ominosas -que ya hemos padecido- arremetieron de tal modo contra las universidades, sus profesores, sus investigadores y hasta con sus alumnos, muchos de ellos encarcelados y hasta desaparecidos, bajo consignas de talantes de ese estilo. La Universidad pública, gratuita, autárquica y autónoma es una conquista y un derecho conseguido por el pueblo de la Nación Argentina en su conjunto, desde la gloriosa Reforma Universitaria de 1918. Universidad significa reunido en un todo, y por ello estas conductas políticas implican un nuevo ataque a cuanta institución así se diga, como lo son las Provincias y los Municipios, anteriores ambos a la propia República de los Argentinos, sostenida sobre Pactos Preexistentes, vigentes y reconocidos. La magnitud escandalosa de este nuevo mandoble y amenaza a los presupuestos universitarios se pone de manifiesto si reparamos que hoy -según estadísticas confiables- más del 45% de los estudiantes universitarios son pobres y de ahí la inocultable ofensa al derecho de los más necesitados y de los más esforzados jóvenes de nuestro país que ven en la educación su única vía de superación y preparación para el futuro, antes de irse.
Recuerdo entonces, con admiración y respeto a aquel Presidente, que cuando salíamos de la noche negra de la más cruel y asesinas dictaduras, hizo campaña recitando el Preámbulo de la Constitución, para decirles a los desmemoriados de siempre que la Constitución Nacional de 1994, consagra en su Artículo 75º, inc.19 que corresponde al Congreso de la Nación : “ Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.”- Atacar esos principios, garantías y mandatos de la Constitución Nacional, también es un modo de violarla, con todas las inseguridades y desgracias que ello siempre ha traído consigo. El veto presidencial ya vigente, enfrentará a nuestros legisladores nacionales -de un modo torpe e innecesario- al propio Articulo 29º que dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.”.-
No se gobierna a topetazos, ni enfrentando a los poderes del Estado a consentir o rechazar las decisiones de los otros poderes. Las peticiones del pueblo en las calles de la República, como hemos visto repetirse, no están reclamando privilegios ni canonjías inconfesables: sólo están recordando conquistas populares de hace más de un siglo. Y sencillamente que toda Constitución es -en última instancia- un tratado de paz de la sociedad civil y el resultado de sus convicciones, pluralidades y necesarias diferencias. Desconocer un tratado de paz de esa dignidad y contundencia y sus deliberados consensos previos, es peligroso. Y lo peligroso nunca es bueno.
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