Pagliotto se reunió con referentes nacionales del juicio por jurados para frenar proyecto de reforma en Entre Ríos
El reconocido abogado entrerriano Rubén Pagliotto, ex Fiscal de Investigaciones Administrativas y ex Presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), se reunió recientemente con Julián Alfie, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y con Silvina Manes, Presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. El encuentro tuvo como objetivo analizar el controvertido proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos, junto con un sector minoritario del Poder Judicial, que busca reducir la cantidad de casos que llegan a juicio por jurados.
Durante la reunión, Pagliotto calificó el proyecto de inconstitucional y se comprometió junto a Alfie y Manes a trabajar en conjunto para evitar su sanción. Según el abogado, "este proyecto utiliza argumentos aparentes para vaciar un instituto que habilita con ejemplaridad la participación de la ciudadanía, juzgando a vecinos, como mandan la Constitución Nacional y la Provincial. Las pretendidas reformas que incentivan algunos funcionarios son excusas para sacar del poder ciudadano esta eficaz herramienta de juzgamiento de delitos”.
Pagliotto expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la provincia de Entre Ríos, en contraste con otras provincias que están ampliando el uso de jurados populares para más tipos de delitos. "No existen razones reales que impidan realizar en plazos razonables los juicios. Meter manos en la ley 10.746, la más avanzada y moderna del mundo juradista, constituiría, además de un crimen de lesa constitucionalidad, un enorme retroceso institucional y en términos republicanos, habilitándose, sin lugar a dudas, planteos de inconstitucionalidad", afirmó con contundencia.
Por su parte, Silvina Manes y Julián Alfie compartieron el análisis de los datos presentados por los promotores del proyecto y concluyeron que no existen fundamentos sólidos que justifiquen una reforma de esta naturaleza. Según los referentes nacionales, la propuesta es inconstitucional ya que la Constitución prohíbe restringir los juicios por jurados una vez implementados. Además, señalaron que el argumento del Poder Judicial sobre un supuesto "cuello de botella" con 139 casos pendientes de ir a juicio por jurados es falaz, dado que más de la mitad de estos casos se resolverán mediante juicio abreviado, evitando así la necesidad de un jurado popular.
También señalaron que el costo de los juicios por jurado podría reducirse a través de resoluciones administrativas del propio Poder Judicial, en lugar de promover una reforma legislativa que, en su opinión, representa un intento de devolver a los jueces el poder que históricamente concentraban y que, ahora, se resisten a perder.
Pagliotto, Alfie y Manes acordaron desarrollar estrategias para incidir en el proceso legislativo y frenar una reforma que, según ellos, afectaría gravemente el derecho de la ciudadanía entrerriana a participar en la administración de la justicia penal. La reunión dejó en claro que los defensores del juicio por jurados están decididos a mantener intacto este avance institucional en Entre Ríos, resistiendo cualquier intento de retroceso.
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