Justicia entrerriana declaró parcialmente inconstitucional la prohibición del glifosato en Gualeguaychú
El 16 de abril de 2018, la municipalidad de Gualeguaychú aprobó una ordenanza histórica que prohibía el uso, venta y comercialización del glifosato en todo su territorio. Con 9 votos a favor y 3 en contra, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 12216/18, que en su primer artículo impedía el uso, aplicación, almacenamiento, transporte y comercialización del popular herbicida y cualquier formulación que lo contuviera. La medida fue celebrada por sectores ambientalistas y se consideró un hito en la lucha por la preservación del medio ambiente.
Sin embargo, tras más de seis años en vigencia, la justicia entrerriana, a través de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay, decidió declarar parcialmente inconstitucional la ordenanza. Esta decisión se tomó tras una presentación de entidades ruralistas y productores agropecuarios que cuestionaron la regulación local sobre el uso del glifosato.
El fallo judicial
Los jueces Mariano Alberto López, Federico José Lacava y María Fernanda Erramuspe resolvieron a favor de la demanda presentada por los ruralistas, declarando inconstitucional el artículo 1 de la Ordenanza 12216/18. En su fallo, afirmaron que el artículo en cuestión prohíbe "en su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general 'Glifosato' y aquellas formulaciones que lo contengan", lo que fue considerado una extralimitación de las competencias municipales en materia de regulación de agroquímicos.
El tribunal también dictaminó la inconstitucionalidad de la prohibición sobre el "expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta" del glifosato dentro del ejido de Gualeguaychú. Esta disposición generó una respuesta favorable en el sector agropecuario, que argumentaba que la ordenanza afectaba gravemente la producción agrícola y la competitividad en la zona.
Implicancias del fallo
Este fallo representa un fuerte revés para la política ambiental de Gualeguaychú, que durante años fue considerada un bastión en la lucha contra el uso indiscriminado de agroquímicos. La decisión judicial subraya los límites de la autonomía municipal en la regulación de sustancias como el glifosato, al establecer que esta competencia recae principalmente en los organismos provinciales y nacionales.
El conflicto entre la protección ambiental y los intereses productivos en la región es parte de un debate más amplio sobre el uso de agroquímicos en la Argentina, donde el glifosato es una herramienta clave para la producción agrícola, pero su utilización ha sido cuestionada por sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.
Las organizaciones ambientalistas y algunos sectores políticos han expresado su preocupación por la decisión de la Cámara, señalando que se trata de un retroceso en la defensa del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Por otro lado, los productores agropecuarios celebraron el fallo, destacando que la prohibición había afectado gravemente sus actividades productivas.
Mientras que la municipalidad de Gualeguaychú aún no ha anunciado si apelará la decisión judicial, pero es probable que el debate sobre el uso del glifosato continúe siendo un tema central en la región, dado el impacto que tiene en la economía y en la salud pública.
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Periodista
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